El proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2026 prevé un superávit financiero para la Administración Pública Nacional de $0,2 billones, que sube a $2,7 billones para todo el Sector Público Nacional, universo que también incluye a las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes estatales.

Las proyecciones macroeconómicas estiman para el próximo año un crecimiento del Producto Bruto Interno de 5%, un Indice de Precios al Consumidor de 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar. A partir de ese año, se proyecta un crecimiento sostenido, una clara tendencia a la desinflación y una evolución del valor de la divisa norteamericana por debajo de la inflación.

El Artículo 1 del proyecto de Ley incluye la consideración explícita de que “el presupuesto para el ejercicio 2026 al cierre deberá presentar una ejecución con un resultado financiero equilibrado o superavitario”.

• Se incorporan los presupuestos de ARCA y PAMI para la aprobación legislativa, al igual que se preveía en el proyecto de presupuesto 2025.
• La recaudación crecerá 0,47% del PIB, con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales.
• El aumento en impuestos coparticipables explica mayores ingresos de las provincias por esta fuente.
• El gasto en prestaciones sociales, rubro de gran incidencia en el total, sube 5,7% interanual real y este año los haberes sin bono tendrían una mejora real de 12,6%.
• Se supone la continuidad del bono vigente para los haberes mínimos de $70.000 , sin aumentos durante 2026 y una caída de 155 mil titulares promedio mensuales menos en las pensiones por invalidez.
• Las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año y a universidades 8,8% . No se identifican giros a CABA por el servicio de seguridad.
• Las empresas públicas recibirán de la APN $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.
• Los ingresos totales permitirán un excedente, por lo que las necesidades netas de financiamiento serán de -$0,2 billones.

En anexos podrán encontrar el análisis del articulado, Provincias y los proyectos de inversión incluidos en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2026-2028.

INFORME GENERAL: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2026 DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

• Las prioridades de política presupuestaria para 2026 son: equilibrio fiscal sostenido; acompañamiento social sin intermediaciones; equipamiento y modernización de seguridad y defensa; y desregulación y transformación del Estado.
• La recaudación correspondiente a la Administración Nacional se prevé que en 2026 aumente 22,5% respecto a 2025 y que represente un aumento del 0,34 p.p. en términos del PIB.
• La recaudación de derechos de exportación crecerá 66,7%.
• El tipo de cambio nominal a diciembre $ 1229 y el crecimiento del PIB 2025 5,5%.
• El resultado fiscal del consolidado de las provincias sería este año levemente deficitario, luego de un superávit de 0,2% del PIB en 2024.
• Las inversiones públicas se orientarán mayoritariamente al ámbito vial y ferroviario, y hasta el 2028 se dará prioridad a los proyectos en ejecución.

La Decisión Administrativa 3, aprobada el 15 de enero distribuye los créditos y recursos prorrogados por el Decreto 1131/2024 para el ejercicio 2025.

• En el presupuesto prorrogado disminuyen los ingresos en 2 billones de pesos por la supresión del Impuesto PAIS, menor remanente del Aporte Solidario y transferencias a organismos multilaterales.
• Se aplicaron ajustes de gastos derivados de la Ley de Ministerios, principal razón de la eliminación de 41 programas presupuestarios.
• Los gastos totales se rebajaron en $1,5 billones, de los cuales $1,4 billones corresponden a menos gastos de capital.
• Disminuyen las transferencias a fondos fiduciarios disueltos.

El presupuesto 2024, que resulta de prorrogar el del ejercicio 2023, incrementa el déficit financiero en $158.596 millones, debido a los ajustes dispuestos a través de la Decisión Administrativa 5 en los recursos (-$320.000 millones) y en los gastos (-$161.404 millones), mediante la DA 5.

• Los ingresos se recortan en $320.000 millones, fondos correspondientes a la adjudicación de licencias del servicio 5G.

• Se eliminaron $108.092 millones por gastos electorales, $ 500 millones del presupuesto de la Corte Suprema para mantenimiento y $52.812 millones para las transferencias a las cajas previsionales provinciales.

• La DA 5 prevé adecuaciones institucionales por cambios en la estructura organizativa pública.